Iglesia y gobierno enfrentados

El gobierno acusa al cardenal Julio Terrazas, máximo representante de la Iglesia Católica en Bolivia, de ponerse del lado de la oposición.

El Poder Ejecutivo llegó a esa conclusión luego de cuatro acciones de parte del cardenal, explicó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

Esos cuatro aspectos son los siguientes: El prelado puso en duda la existencia de la esclavitud en el Chaco, tal como lo denunció el gobierno; votó en el referéndum autonómico de Santa Cruz, proceso desconocido por el ejecutivo; provocó la preocupación del Papa Benedicto XVI con un informe sobre la crisis de Bolivia y en los últimos días dio la alerta por la expansión del narcotráfico, tras la suspensión de las actividades de la DEA en Bolivia.

Pidió unidad

Este lunes, en la homilía de la virgen de Concepción, el cardenal pidió por la unidad del país, más allá de las palabras y las acusaciones.

Luego, otro sacerdote, durante la misa celebrada en la localidad de Cotoca que fue presidida por Terrazas, en Santa Cruz, preguntó a los asistentes si apoyaban al cardenal, a lo que la gente respondió que sí.

En respuesta a las críticas del gobierno, el cardenal dijo que no cesará en sus mensajes "en procura de dar luces a la realidad nacional para alcanzar el bien común de todos los bolivianos, sin importar la clase social o la ideología política a la que pertenezcan".

El jefe del frente político oficialista en la Cámara de Diputados, César Navarro, dijo a BBC Mundo que "hay una discrepancia con las opiniones políticas emitidas por las autoridades de la jerarquía eclesial", lo que en su criterio no es un enfrentamiento.

En su criterio, la Iglesia Católica en Bolivia "muestra dos caras" porque "los jerarcas están vinculados al poder y los otros pastores están con el pueblo".

Navarro dijo que la Iglesia "ha construido una relación con el poder con el estado boliviano, reconocida y aceptada por el sistema político, para poder actuar a favor del estado y en contra del pueblo".

Esa percepción sobre la Iglesia Católica ha llevado a algunos dirigentes políticos a decir que los privilegios de los que gozaban los sacerdotes se acabarán con la aprobación de la nueva Constitución Política del estado.

Esa es la percepción del subjefe del frente oficialista en la Cámara de Diputados, Jorge Silva, quien cree que toda actividad que genere lucro dentro de la Iglesia debe pagar impuestos al estado. Sin embargo, Impuestos Nacionales aclaró que las actividades educativas de la Iglesia ya tributan al Estado.

Un nuevo texto constitucional se pondrá a consideración de los bolivianos en un referendo que se celebrará el 25 de enero próximo.

Pierde carácter oficial

En ese texto, la religión católica pierde su carácter de oficial. La actual Constitución señala que "el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana". Mientras que el nuevo texto señala que "el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, se acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión".

Sin embargo, el sacerdote Thelían Corona, rector de la Universidad Salesiana, en entrevista con BBC Mundo recuerda que fue la propia Iglesia Católica la que pidió quitar de la Constitución el concepto de religión del estado porque "priva mutuamente su autonomía".

Sin embargo, Corona no cree que todo el texto de la Constitución sea bueno y expresa su desconfianza haciendo uso de esta frase dicha en latín: "dentro de la hierba verde está escondida la serpiente y la serpiente trae siempre veneno".

Al padre Corona le parece "poco oportuno, poco adecuado, poco político que haya este clima artificial de confrontación entre el estado y la Iglesia".

Considera que este repentino rechazo al cardenal Terrazas, quien en el pasado era un mediador entre la clase política y los sectores populares, se debe a "una ideología que en cierta forma no es natural ni espontánea en Bolivia, sino es argumentada y preparada para otras finalidades".

El sacerdote cree que un ataque a la Iglesia es un ataque al pueblo porque el 80% de la población boliviana es creyente.

En cambio, Corona no puede decir lo mismo de Evo Morales, pues "a veces se declara cristiano, católico, fervoroso devoto de las tradiciones populares, creo que esta mezcla, este sincretismo no es muy oportuno".

En medio de esta confrontación, la oposición entró al ruedo para apoyar a la iglesia y fustigar al gobierno. El prefecto de Santa Cruz, el declarado autonomista Rubén Costas, dijo que los ataques "son una barbarie contra nuestra Iglesia".

El senador opositor Tito Hoz de Vila pidió retirar la biblia de los actos oficiales del Palacio de Gobierno.

Fuente: BBC MUNDO.