España. William Carrillo Calderón pretende vender parte de su cuerpo para pagar deudas

Esmir Cortez Becerra

Un riñón, médula ósea y parte de su hígado y su pulmón son los órganos que el periodista boliviano, William Carrillo Calderón, pretende comercializar en Madrid (España). La determinación del emigrante, prohibida por ley desde 1979, ha levantado polvareda en la sociedad ibérica.

¿El motivo? según el ex reportero de la Red Uno, Megavisión y Cadena A, son sus deudas económicas las que lo habrían llevado a tomar esta determinación poco usual, bajo la premisa de que el cuerpo es suyo y las deudas también. “Quiero ejercer el derecho sobre mi cuerpo de manera responsable, porque lo que pase con mis órganos (si los vende) no va a representar un peligro para mi vida”, aseguró este cruceño de 43 años.

Para poder vender, Carrillo acudió al Defensor del Pueblo de Madrid. El boliviano pretende que la autoridad canalice su pedido ante la justicia española. Según él, pretendía hacerlo de manera ‘silenciosa’, sin embargo, la noticia ha causado revuelo en los medios locales.
Ayer elmundo.es tituló ‘Quiero venderme a trozos’, utilizando una frase del extraño vendedor, mientras que elpais.com aperturó Un boliviano quiere vender sus órganos. “Como ya se hizo público no me queda más que hablar y no me da vergüenza porque el cuerpo es mío y no de la ley”, dijo, en contacto con EL DEBER, en alusión a la normativa que prohíbe la venta de órganos humanos. La ley española establece que los órganos sólo pueden donarse.

Con la primera ‘piedra lanzada’, el periodista espera que se abra el debate y que la justicia le pueda permitir vender parte de su cuerpo para poder saldar deudas que no ha podido pagar desde hace más de cinco años. “La verdad, hace más de cinco años que estoy en este país, he recorrido muchos lugares y nunca tuve un trabajo fijo”, contó.

William se ha desempeñado como peón avícola, camarero, reponedor de productos, actor de doblaje y actualmente se desempeña en un supermercado. Carrillo se hizo asesorar jurídicamente con dos abogados, pidió consejos a una psicóloga del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, investigó en la legislación española, estudió la situación en otros países y se hizo análisis clínicos con el fin de determinar de qué partes del cuerpo puede prescindir.

El calvario de este hombre que anduvo con los micrófonos por las calles cruceñas comenzó el 16 de diciembre de 2003, cuando se vivía el auge del sueño español. “La verdad esperaba otra cosa, en Santa Cruz debía como unos $us 8.000 y el sueldo de periodista no me alcanzaba”, contó.

Con el transcurrir del tiempo, Carrillo se fue endeudando más, con allegados y con el banco Banesto. Según los reportes, en dicha entidad prestó 1.200 euros, a ello se agrega otros 4.300 a terceros y 500 a una hermana. La deuda total es de unos $us 15.000.
Si bien por ahora tiene trabajo en un supermercado, Carrillo asegura que por más que tenga hasta dos empleos fijos y estables no podrá honrar sus compromisos financieros ni en cinco años más. “No estoy dispuesto a quedarme más de cinco años, porque no lograría pagar a mis acreedores”.

De esta manera, el emigrante ha dejado en claro que la única manera de saldar sus compromisos financieros es vendiendo parte de su cuerpo. Según él, sus familiares en Santa Cruz de la Sierra están al tanto de la determinación.

“Les agradezco a toda mi familia porque me han sabido comprender”, comentó. La realidad del periodista es complicada y ahora debe esperar que el Defensor del Pueblo pueda llevar el pedido ante los tribunales y que la sociedad española lo comprenda. “Soy el primero en hacerlo de manera legal y espero lograrlo”, sentenció.

El cruceño espera recaudar por sus órganos cerca de 100.000 o 150.000 euros, con lo que le garantizaría un futuro para él y los dos hijos que tiene. La última palabra está en la justicia española.

«De no negociar acá, buscaré hacerlo en otro país»
William Carrillo / Periodista Cruceño

- ¿Es la crisis realmente por la que quiere vender sus órganos?
- Bueno, la verdad son dos factores: el primero es la necesidad económica que tengo, ya que son cinco años que estoy en este país y no he podido encontrar trabajo estable. Este aspecto ha hecho que mis deudas se incrementen, ya que debo en Bolivia y en España. Y segundo, es que soy propietario de mi cuerpo, soy responsable del mismo y por lo tanto quiero ejercer mi derecho.

- ¿Cómo llegó a hacer este pedido al Defensor del Pueblo?
- Sólo me presenté con un escrito que redacté pidiendo poder vender mis órganos. Considero que es una lucha dura que enfrentaré con la justicia española.

- ¿Qué pasa si la justicia española le niega la posibilidad de vender?
- Pues buscaré otro país, como Israel, donde recién se ha aprobado la donación remunerada de órganos. Intentaré tomar contacto con la embajada israelí en España y si puedo llegar hasta allá lo haré.

- Definitivamente está decidido a vender sus órganos. ¿No es un afán desesperado para conseguir dinero?
- Creo que no, porque no sólo es lograr dinero sino que también soy una persona sensible y acá hay mucha gente con dinero que bien puede pagar por algún órgano, pero se queda esperando a algún donante y sino llegan algunos se mueren, porque la ley no les permite pagar. Tengo claro que la necesidad también es del que compra.

- ¿No le da vergüenza por esta determinación poco usual?
- Para nada, porque no estoy robando, asaltando, ni estoy vendiendo droga. Simplemente quiero ejercer el derecho sobre mi cuerpo, responsablemente, porque lo que pase no me va a representar un riesgo para mi vida.

- ¿Usted cree que la justicia va a cambiar?
- Espero que sí. A partir de un problema personal espero que se norme, de lo contrario me quedaría tranquilo porque lo intenté, pero, repito, buscaré la manera de hacerlo en otros países.

- ¿Como lo ha tomado tu familia en Bolivia?
- Con tristeza y otro poco de cautela, primero porque no les gustaría que yo dé ese paso, y segundo que respetan mis decisiones y me apoyan.

- ¿Qué le puede decir a los boliviano que piensan irse a España?
- Este país es un paraíso con sus luces y sus sombras, en ese sentido que lo piensen muy bien. El ambiente laboral es muy complicado, así tenga familiares o papeles en orden. Para ser más claro, no es aconsejable venir.

Es retroceso vender órganos
Sonia Soto / Defensora del Pueblo
Antes que nada lamento la situación pero creo que la embajada boliviana en España debe intervenir en este hecho, que creo que va a dar mucho de que hablar. No sé cuáles son los procedimientos que debe tomar el Defensor del Pueblo de ese país o de la comunidad Autonómica donde se encuentra el boliviano, pero desde mi punto de vista será casi imposible.

Hay que recordar que en España también no puede ser trasplantado un órgano que fuese vendido, existe una política severa en cuanto a la donación de órganos y entiendo de que en la misma España no se pueden comercializar. Eso está claro. Pero tampoco sé si el periodista tiene los argumentos y elementos jurídicos necesarios para pedir una modificación de una ley. Aunque considero que de concederle sería un retroceso. Lo que pasa es que la humanidad ha avanzado en los derechos humanos y una medida de protección es no vender sus órganos, porque de hacerlo sería echar por la borda muchos debates internacionales que se han realizado sobre este tema.

Esa medida se ha analizado en muchos foros mundiales y uno de los adelantos que se ha logrado es precisamente el hecho de no vender porque entonces se incrementaría el tráfico de órganos.

El Gobierno chileno lamentó que Bolivia no le haya comunicado sobre la determinación. El tema fue abordado por los presidentes de ambos países. Ayer, el Ejecutivo intervino la zona franca de Cochabamba.

Durante el encuentro de líderes latinoamericanos y caribeños que se celebró ayer en Brasil, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió al presidente Evo Morales que revise la medida que restringe la importación de vehículos usados de modelos antiguos, puesto que la disposición afecta al negocio en el norte de Chile, sobre todo en Iquique.

Según un reporte de EFE desde Brasil, el Mandatario boliviano —explicó Bachelet— manifestó su predisposición plena para, de alguna manera, revisar aspectos de la aplicación de la medida, sustentada en el Decreto Supremo 29836. “Le comuniqué al Presidente la dificultad que significaba para la zona franca de Iquique (Zofri), en términos de la disminución de las ventas, del desempleo, una medida como ésta”, afirmó la Presidenta.

“Justamente porque hay una excelente relación entre Chile y Bolivia es que el presidente (Evo Morales) se avino a que busquemos una forma para que esto no tenga el impacto que podría tener”, agregó, según EFE.

Una fuente cercana al tema informó que Chile no cuestiona la norma, cuyas razones le parecen “válidas y plausibles”. Sin embargo, lo que busca el gobierno de Bachelet es que se abra un periodo de transición para su aplicación. La Presidenta chilena afirmó que Morales está “plenamente disponible para que veamos si es que hay alguna manera de revisar aspectos de la implementación de esta medida”.

El 3 de diciembre, el Gobierno nacional lanzó el Decreto 29836 que restringe la importación de vehículos usados con más de cinco años de antigüedad.

El efecto de la aplicación de la medida que prohíbe la importación de vehículos viejos comenzó a sentirse en Iquique, según refleja una nota publicada ayer en el diario chileno El Mercurio.

El artículo dice que “la decisión del Gobierno boliviano... significó un duro golpe al negocio automotor de la Zofri, que vende a Bolivia $us 300 millones al año en autos usados y genera 13.000 empleos que hoy están en riesgo”. La medida también afectó a Arica, que recientemente había entrado al negocio de la importación.

El presidente de Zofri, Felipe Pérez, explicó a El Mercurio que el explosivo aumento de la demanda de autos usados en Bolivia hizo crecer en igual medida a su principal proveedor, la Zofri, cuyas ventas se multiplicaron por 10 en los últimos seis años.

El diputado Fernando Messmer (Podemos) sostuvo ayer que en el Poder Ejecutivo existe descoordinación. Explicó que la Cancillería estuvo reunida al más alto nivel con el Gobierno de Chile días antes de la emisión del decreto, sin tener “ni la más remota idea de lo que estaba gestando el Ministerio de Hacienda”.

Y es que el decreto fue firmado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que se desempeña como interino de Relaciones Exteriores, debido a que el canciller David Choquehuanca se encuentra en el exterior, y el viceministro del sector, Hugo Fernández, está de vacaciones, según confirmó la Cancillería.

El viceministro de Política Tributaria, Roberto Ugarte, explicó que la medida fue sorpresiva, a fin de evitar que en un lapso de transición, se importe gran cantidad de vehículos usados.

Se conoció que después de la reunión de los presidentes, Chile esperaba una señal del Gobierno de Bolivia en torno al tema, lo cual no sucedió. En la mañana, el presidente Morales no se refirió al caso. Entonces, pasado el mediodía, según un reporte de la AFP desde Santiago, el vocero del Gobierno de Chile, Francisco Vidal, salió a decir que la medida se convertía en un “obstáculo” para la integración de ambos países. “Ya sea por parte de Chile o Bolivia, en este caso, cualquier cosa que sea un impedimento para que las personas, las ideas y el comercio fluyan entre uno y otro país, es un obstáculo”.

Ninguna autoridad boliviana se manifestó sobre la protesta chilena. Otra fuente informó que el cónsul boliviano en ese país, general Freddy Bersatti, habría sido convocado por la Cancillería de Chile para informar sobre la medida. Sin embargo, esta información no pudo ser verificada.

“Le comuniqué al Presidente la dificultad que significaba para la Zofri, en términos de la disminución de las ventas”.
Michelle Bachelet.

Fuente: La Razon.