La Paz, 3 de diciembre de 2008.- La Comisión especial de UNASUR, presentó este miércoles de manera pública, el informe sobre los hechos luctuosos sucedidos el pasado mes de septiembre en Pando, los especialistas en derechos humanos concluyeron que lo sucedido en El Porvenir, fue una matanza, donde los campesinos estuvieron en inferioridad y fueron víctimas de asesinato, por parte de agentes civiles.
“Resulta de las investigaciones realizadas por la Comisión que las víctimas de las ejecuciones sumarias o extralegales, constituían población civil que fue víctima de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos, una violación de esta naturaleza, configura desde el punto de vista del derecho penal internacional en vigor actualmente, un crimen de lesa humanidad”, señala una de las conclusiones del informe.
El informe además determinó según los testimonios y evidencia recogida: que los asesinos, respondían a una “cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del Gobierno Departamental (Prefectura) al servicio de una empresa criminal”; que la Policía Departamental y otras autoridades regionales incumplieron de manera patente su deber de resguardar la vida; se encontraron elementos suficientes además para determinar que existió tortura y trato cruel a los campesinos.
El informe determinó que 20 fueron los campesinos fallecidos y 2 los fallecidos funcionarios de la Prefectura, en ambos casos UNASUR exigió que sean esclarecidos para que finalmente sea esclarecido este caso.
Fuente: NoticiasBolivianas.
“Resulta de las investigaciones realizadas por la Comisión que las víctimas de las ejecuciones sumarias o extralegales, constituían población civil que fue víctima de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos, una violación de esta naturaleza, configura desde el punto de vista del derecho penal internacional en vigor actualmente, un crimen de lesa humanidad”, señala una de las conclusiones del informe.
El informe además determinó según los testimonios y evidencia recogida: que los asesinos, respondían a una “cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del Gobierno Departamental (Prefectura) al servicio de una empresa criminal”; que la Policía Departamental y otras autoridades regionales incumplieron de manera patente su deber de resguardar la vida; se encontraron elementos suficientes además para determinar que existió tortura y trato cruel a los campesinos.
El informe determinó que 20 fueron los campesinos fallecidos y 2 los fallecidos funcionarios de la Prefectura, en ambos casos UNASUR exigió que sean esclarecidos para que finalmente sea esclarecido este caso.
Fuente: NoticiasBolivianas.
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