Una de las notas fue enviada al Jefe de Estado el 23 de junio por Jesús Chambi, el dirigente de los presuntos contrabandistas. La segunda fue enviada dos meses después (20 de agosto) por el ahora ex presidente de la Aduana, César López.

Dos cartas clave tocan al presidente de la República, Evo Morales, en el caso de los 33 camiones cargados con mercadería de contrabando detenidos en Pando, cuyos propietarios involucraron al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La primera fue enviada al Primer Mandatario por el dirigente de la Organización Territorial de Base (OTB) de Montevideo, Jesús Chambi, que también fue identificado como el dirigente de los presuntos contrabandistas. En la nota, el sector pide un decreto supremo para la reexpedición de mercadería de la zona franca de Cobija hasta Montevideo.

El destinatario de la segunda misiva también es el Jefe de Estado y la envió el entonces presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), general César López, el 20 de agosto.

El 23 de junio, Jesús Chambi envió una carta a Morales en la que menciona que en dos oportunidades anteriores —una en Pando y otra en Palacio— habían conversado sobre los problemas que tenían los comerciantes para el tránsito de su mercadería desde la zona franca de Cobija hasta la frontera con el Brasil.

En la nota, le piden apruebe un decreto supremo para la reexpedición de mercadería desde la zona franca de Cobija hasta la localidad de Montevideo, con la consideración de que la mercadería no tiene retorno a la ciudad ni a otras cercanas y, “por el contrario, genera divisas a favor de nuestra Patria, toda vez que es vendida a los ciudadanos brasileños residentes en Placido de Castro y del estado del Acre”.

Añaden que “la solución debe ser a la brevedad posible, toda vez que al presente nos encontramos perjudicados en el tránsito de nuestras mercaderías paralizadas en la zona franca de Cobija por disposición del Comando Conjunto de Lucha contra el Contrabando”.

El 3 de junio, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, inauguró las operaciones de cinco Comandos Conjuntos para la lucha contra el contrabando.

El 6 de junio, inició su trabajo el Comando de Pando. Su primera acción fue paralizar la mercadería que pretendía salir de la zona franca de Cobija.

Sin que se dé solución a la demanda planteada por Chambi, el 26 de julio la mercadería salió de Cobija en 33 camiones que fueron detenidos por el Control Operativo Aduanero (COA), porque no habían pagado los impuestos. Entonces, Chambi dijo que el sector tenía “autorización del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”.

“Es posible que se hubieran escudado en el Ministro de la Presidencia, atenido a conversaciones” anteriores, declaró Quintana el domingo.

Sin embargo, según las declaraciones del subteniente Christian Deheza, efectivo del COA, y del general César López, el 27 de julio en la madrugada los camiones pasaron el límite de la zona franca, en el kilómetro 19, pero fueron detenidos en el Puesto Naval de Santa Rosa del Abuná.

Según la denuncia de López, el 30 de julio los contrabandistas, liderados por Jesús Chambi, volvieron al Palacio de Gobierno. El domingo, Quintana admitió que sostuvo reuniones con Chambi y con su abogado de apellido Zuleta, con el entonces presidente de la Aduana y con su equipo técnico. “Esto ocurrió en julio y agosto”.

La segunda carta fue enviada al Jefe de Estado el 20 de agosto por César López, en la que solicitó apoyo de las FFAA para que los 33 camiones retornen a la zona franca. En la nota, López informa al Presidente que la mercadería “al haber salido de la zona franca sin el pago de aranceles, tributos ni documentación aduanera, pasó a ser considerada contrabando”, porque se cometió un delito.

Le menciona que solicitó apoyo y que, vía teléfono, logró un compromiso del general Luis Trigo, comandante en jefe de las FFAA, que, no obstante, no se hizo efectivo. “Supe que el Comandante en Jefe de las FFAA habría determinado en su reunión del viernes pasado no apoyar el operativo de la Aduana en Santa Rosa; de esta decisión me enteré el martes 19, lo cual motivó que me dirigiera a usted”, dice la carta.

Según el ex presidente de la Aduana, el 21 de agosto se reunió con Evo Morales y le puso al tanto de todo lo que estaba pasando en Pando. El 23 de agosto se agravó el delito, los 33 vehículos fueron liberados con el uso de la fuerza y la mercadería vendida.

El martes, el presidente Morales admitió que los comerciantes se le acercaron en Pando con el pedido de la ampliación de la zona franca; pero dijo que los derivó con el Ministro de la Presidencia y con el presidente de la Aduana.

Según el Jefe de Estado, el seguimiento al caso es parte de una campaña que busca tapar el informe sobre los hechos violentos de Pando en septiembre.

“La solución debe ser a la brevedad posible, toda vez que nos encontramos perjudicados en el tránsito de nuestras mercaderías”.
Jesús Chambi.

Algunas fechas

23 de junio • Jesús Chambi envía una carta al Presidente para informarle que mercadería suya y de un grupo de comerciantes estaba detenida en la zona franca de Cobija por disposición del Comando Conjunto y le pide un decreto para la reexpedición de la misma.

26 de julio • Sin que se dé solución legal al problema, la mercadería sale de la zona franca y es detenida por el Comando Conjunto en la población de Santa Rosa del Abuná, donde permanecen ceca de 25 días

20 de agosto • El general Cesar López, ex presidente de la Aduana Nacional, envía una carta al Primer Mandatario para informarle lo que pasa en Cobija. Le indica que no sabe por qué las Fuerzas Armadas no quieren apoyar un operativo para retornar los camiones a la zona franca y pide respaldo al Presidente.

21 de agosto • López afirma que ese día se reunió con el Jefe de Estado y le informa de todo lo que estaba pasando en Cobija. Pero el 23 de agosto se agrava el delito, porque con uso de la fuerza liberan los 33 camiones.


Testimonio

“No se podía recuperar los camiones sin el apoyo de las Fuerzas Armadas”
Luis Fernando Sánchez. El ex gerente regional de Aduana La Paz habló con La Razón sobre la fuga de 33 camiones de contrabando en Pando.

“El 28 de julio por la mañana recibí por celular el parte del comandante regional del COA (Control Operativo Aduanero), mayor Rojas. Me dice que fueron 35 (luego se verificó que eran 33) camiones (que se fugaron) y que había sido presumiblemente con el permiso del ministro (Juan Ramón) Quintana. Entonces le digo que me haga un parte escrito. En ese lapso, lo llamé al administrador de la Aduana (de Cobija), el licenciado Vásquez, y no me contestó el celular. Lo estuve llamando desde el domingo por otro asunto. Llegué a mi oficina en El Alto y, en ese momento, llegó el fax del mayor Rojas que anexaba el informe del teniente Deheza (agente del COA). Entonces me llamó el administrador y le reclamé por no haberme dado parte. Me respondió que no hubo posibilidad de comunicarse desde Cobija. Le dije: ‘Usted me va a cumplir la ley exactamente, sin miramientos’. Lo llamé al general López, él me dijo que ya sabía (del hecho) y me contó de las llamadas telefónicas (de Quintana y de Rafael Bandeira). En el informe que elevé al general López, constan todas las comunicaciones con las Fuerzas Armadas (para pedirles apoyo). Necesitábamos 70 personas, aparte de un centenar o dos de soldados. En Cobija, sólo había siete agentes del COA. No se podía recuperar los camiones sin apoyo militar. Los 50 policías que fueron como refuerzo recibieron la orden de no participar en nada si no había apoyo militar”.


La Razón buscó al Gobierno

Tres periodistas de este medio buscaron ayer la contraparte del Gobierno sobre el tema del contrabando en Pando, pero no tuvieron éxito en su cometido.

El primero buscó, desde las 10.00, un contacto telefónico con el vocero de Gobierno, Iván Canelas, pero éste no contestó su celular, que fue atendido todas las veces por su asistente, que sostuvo que la autoridad se encontraba en una reunión.

El segundo habló con el asistente de Canelas, a las 16.00, y le explicó que el contacto era para hablar sobre el presidente Evo Morales y el contrabando. La autoridad no devolvió la llamada.

También se trató de hablar con el diputado Javier Zavaleta (MSM-MAS), presidente de la comisión que investiga el hecho, pero su celular fue atendido por una asistente, que indicó que el parlamentario no volvería a su oficina.

Por la tarde, la viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, dijo no tener la información necesaria para referirse al tema vía teléfono y que se la busque en su oficina, lo que hizo un tercer periodista, pero su secretaria le dijo que no estaba.

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